Cárceles y señales móviles, un desafío pendiente y un problema sin solución

Cuando se habla de cárceles y comunicaciones móviles, se tiende a hacer desde el desconocimiento. Se habla con liviandad sobre “cómo no se bloquean las señales móviles y punto, se acabó el problema”. Y justamente respecto a eso, hoy una presentación de 5G Américas sirvió para aclarar varias dudas.

Desde que empezó la tendencia de cometer ilícitos desde dentro de las cárceles usando teléfonos móviles nos solemos cuestionar el por qué las autoridades o “alguien” no hace “algo” al respecto.

Para hablar de eso hay que partir desde un punto bastante crudo, asumiendo que sí hay teléfonos móviles dentro de las cárceles y que el personal a cargo no siempre actúa con total honradez. Y también asumiendo desde ya que no hay controles de seguridad infalibles que eviten que de alguna u otra forma los aparatos ingresen a los recintos penitenciarios.

Dado lo anterior, las soluciones que se han planteado e implementado en distintos países de nuestra región nos muestran otra cruda realidad: ninguna es inocua. Ya explayaremos el por qué.

La primera y más conocida opción son los interruptores de señal o “jammers”, los cuales indiscriminadamente cortan todas las radiofrecuencias dentro del rango de alcance del dispositivo. En los lugares donde se ha implementado han surgido problemas mayores, ya que la gran mayoría de las cárceles se encuentran en zonas urbanas, habiendo personas particulares que se ven afectadas. Y si ellos no cuentan ni siquiera con acceso a comunicaciones para emergencias, entonces en la gran mayoría de los países se estaría quebrantando la ley.

Otra opción implementada es la de las antenas “dummy”, que con una gran potencia hacen pensar a los equipos que están conectados a alguna señal, cuando no es así. Su potencia es tal que inhiben en muchos casos a los repetidores “reales” y rompen puentes comunicativos. Además, se presenta otra vez el problema de la localización de las cárceles, con lo que el problema es mayor que con un “jammer”.

En algunos lados se ha propuesto un SDAA (Sistema de Acceso Administrado), donde por defecto en cierta zona todas las comunicaciones están bloqueadas, a excepción de las líneas que estén en una suerte de “lista blanca”. Los problemas de costos, administrativos y de gestión son tan altos y complejos que no esta solución no ha mostrado ser un alivio en los lugares donde se ha llevado a cabo, de acuerdo al estudio. Es más, se convierte en un problema mayúsculo que en la mayoría de los casos termina abandonado.

El problema mayor, referente a la localización de los recintos, viene de un plan donde estos puntos no fueron considerados porque no existían en gran parte o porque simplemente se pasaron a llevar en favor de otros factores que más relevantes. Ese problema ya está y no hay mucho que hacer más que velar porque en el futuro no se edifiquen villas urbanas cerca de una cárcel.

Policía colombiano usa su celular frente a un jammer inactivo

Por último, otro gran problema es la falta de comunicación entre las operadoras y los gobiernos. Las primeras no tienen acceso a los recintos y los gobiernos no tienen las confianzas necesarias con las empresas en gran parte de los países del cono. Un caso icónico es el de Argentina, donde desde 2014 no se sabe quién tiene control y correspondencia sobre el espectro radioeléctrico; simplemente está en el aire, no es de nadie. Un verdadero “vacío legal”.

Según los expertos de la ONG 5G Américas, el problema está identificado, pero no la solución. Es una especie de laberinto sin salida en lo que respecta a telecomunicaciones donde solo queda mirar a que en el futuro se hagan mejor las cosas. Por ahora, la suerte ya está echada.